“Pluralismo y justicia”, por César Ortega Esquembre

“Pluralismo y justicia”, por César Ortega Esquembre

“Pluralismo y justicia”

Por César Ortega Esquembre, doctorando en Filosofía Política

Uno de los rasgos más característicos de nuestras sociedades democrático-liberales, y a mi modo de ver una de las más valiosas aportaciones del pensamiento liberal, es el así llamado pluralismo cosmovisivo. Contrariamente a lo que ocurriera en las sociedades premodernas, el Estado liberal secularizado se muestra neutral ante las distintas visiones del mundo sostenidas por sus ciudadanos, es decir, no se pronuncia a propósito de las creencias particulares que éstos quieran adoptar, de suerte que tales creencias no violen unos mínimos éticos idealmente representados por el marco jurídico. Como es natural, en tales sociedades debe existir necesariamente un disenso entre las creencias de las distintas gentes, y es el valor del mutuo reconocimiento de los demás, por supuesto complementado por el poder coactivo de un Estado destinado a garantizar el pluralismo y a hacer valer los mínimos de justicia, lo que garantiza que dicho disenso resulte razonable y pacífico. Claro que tal disenso no existía en las sociedades premodernas, donde una moral religiosa concreta imponía –e impone todavía hoy en ciertas regiones del planeta, como es sabido– una determinada concepción de vida buena. Tampoco se da tal disenso en las sociedades totalitarias, donde la moral religiosa queda sustituida por una ideología de tipo político, pero igualmente abarcadora e igualmente reclamadora de acrítica sumisión.

Naturalmente, el pensamiento crítico no sólo cuenta con dicho disenso razonable, sino que lo celebra como uno de los grandes logros de la civilización occidental: en nuestras sociedades, podemos decir con orgullo, ningún ciudadano tiene por qué plegarse, contra su voluntad, ante las convicciones morales de ningún otro. Es fácil ver en ciertos problemas éticos ejemplos de este disenso razonable. A mi modo de ver, el problema del aborto constituye sin duda el caso más evidente. Por supuesto que una sociedad que se sepa evolucionada debe contemplar en su legislación esta problemática, de suerte que la mujer cuente con soluciones factibles de resolución; pero es claro que no es de esperar un acuerdo absoluto y definitivo, y es por ello que existen figuras legales como la objeción de conciencia. En este sentido, es evidente que la legislación debe realizarse de manera tal, que tienda hacia el máximo nivel posible de consenso entre todos los afectados.

Otro caso prototípico de disenso lo constituyen las creencias genuinamente religiosas o espirituales. Aunque uno adolezca de “oído musical para la religión”, como es el caso de quien escribe, debe entender que el mensaje salvífico, sólo contingentemente monopolizado en este país por la religión católica –no hace falta invertir excesivos esfuerzos mentales para imaginar un escenario en que en nuestro país predominara alguna otra religión–, constituye una poderosa fuente de sentido para muchos ciudadanos, y en tal medida exige el reconocimiento de su valor, siempre y cuando no atente contra la libertad moral de los demás, y siempre y cuando no trate de imponerse al resto de personas –por ejemplo mediante la obligatoriedad de la asignatura de religión–. Ciertamente que hace falta poseer una crueldad extraordinaria para tratar de convencer a otra persona -¡con argumentos científicos, nada menos!- de que precisamente aquello que constituye su más valiosa creencia –la creencia en un mundo después de la muerte, por ejemplo, que se basa en la necesidad de no renunciar definitivamente a un reencuentro con los seres que uno ha querido, pero que sin embargo han muerto–, de que dicha creencia, digo, resulta ridícula desde el punto de vista de la ortodoxia científica. Sencillamente la ciencia no tiene por qué pronunciarse sobre tales cuestiones.

Pero por otro lado, este gesto de mutuo reconocimiento de las distintas concepciones del mundo sólo resulta positivo si ninguna de las partes se arroga la potestad de interferir en las cuestiones de justicia; esto es, si ninguna de dichas concepciones pretende tener algo definitivo que decir a propósito de las cuestiones que no tienen que ver con las distintas ideas de vida buena, sino con las exigencias de justicia.
Aunque las tentativas proselitistas de los sectores más ortodoxos de la Iglesia católica han existido desde siempre, y no es de esperar que dejen de existir precisamente ahora, y aunque tal tendencia se antoja más o menos soportable en lo tocante a ciertos puntos, resulta urgente, sin embargo, ponerle freno en relación con determinadas cuestiones, a saber, con las cuestiones relacionadas con la justicia. El asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo ejemplifica, a mi modo de ver, el caso más evidente de malintencionada confusión entre cuestiones de creencias y cuestiones de justicia. Siendo así que el hecho de poder contraer matrimonio con quien uno desee constituye un derecho fundamental de todos los ciudadanos de nuestro país, parece urgente hacer comprender a la Iglesia que no es su función la de dirimir públicamente sobre la legitimidad o no de dicho derecho, de acuerdo con su dogmática concreta, ni mucho menos la de pretender que su particularísima y en este punto perversa visión ha de valer universalmente. Es más, creo que un Estado que se sepa defensor al mismo tiempo del pluralismo moral y de las exigencias de justicia no sólo no debe consentir que ningún sector de la sociedad atente contra las conquistas sociales y el aprendizaje moral –una de cuyas cumbres se encuentra, sin duda, en la igualación de derechos en relación al matrimonio–, sino que además debe sancionar a aquéllos que pretendan tal atentado.

Por supuesto que uno tiene en mente las perversas declaraciones de ese todavía más perverso cardenal Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, quien, ante la lección moral impartida el pasado mes de mayo por la ciudadanía irlandesa en el referéndum sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo –lección moral recientemente reeditada por el Tribunal Supremo de los Estado Unidos–, donde dicha ciudadanía votó sencillamente a favor de la igual dignidad de todos los ciudadanos, tuvo la mala educación de pronunciarse como sigue: “El referéndum irlandés es una derrota para la humanidad. La adopción del matrimonio homosexual no es solamente un fracaso de los principios cristianos, sino un fracaso para la humanidad”. Naturalmente, apenas hace falta poseer unas gotas de inteligencia para comprender que el auténtico fracaso de la humanidad, el motivo por el cual el ser humano tiene todavía que mirarse al espejo sintiendo cierta vergüenza, es que ciudadanos que se pronuncien tan maliciosamente en contra de los principios de la igualdad y la justicia tengan todavía cabida en el pluralismo cosmovisivo.

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